Jorge Luis Ortiz Delgado
En Lima mismo no he aprendido nada del Perú. (…) Lima está más separada del Perú que Londres. Un egoísmo frío gobierna a todos, y lo que sufre uno mismo, no da cuidado a otro. Lo dijo Von Humboldt(1) , a principios del XIX. Siglo y medio después, la irreprimible sensación de continuidad colonial le dice a Leopoldo Zea(2) , en México, que este pasado nuestro aún no se convierte en auténtico pasado, que sigue siendo un presente que no se decide a ser historia. Ya más cerca a este tiempo, a estos días de lección inaprehendida, Cotler(3) da cuenta de la inexorable fragmentación de un país sin interés común: Con frecuencia, el campesinado protestaba contra las figuras patronales, (…) lo cual terminaba en estallidos de violencia. Los mistis se valían de sus conexiones con los diferentes niveles de la autoridad pública para que las fuerzas del orden reprimieran a sangre y fuego tales manifestaciones, reafirmando la posición que, desde siempre, correspondía a cada cual.
El problema del indio en el Perú nunca fue más que un ensayo de los siete que Mariátegui supo explicar y nadie entender (ahora, cuando los leen en un colegio público de Ayacucho, la sospecha de sedición ronda las aulas, máxime si quien lo propone es del sindicato nacional de profesores 4) . El problema del indio es esa parte de la historia que ningún museo del Perú puede exhibir todavía como vestigio, mal recuerdo u holocausto de caserío. El problema del indio es no comprender que ese infeliz destino de subordinación mantuvo regímenes patrimoniales a costa de servilismo y exclusión. Las épocas de supuestas reformas en repúblicas aristocráticas no se distanciaron del uso de la dominación. Nos tumbamos etapas de maduración. Somos hijos de la contrarreforma.
Las haciendas de la costa, la producción del guano y del salitre, el oro y el cobre del Perú existiendo bajo la férula de una sociedad esclavista. No nos mató la pobreza ni el tardío industrialismo de la época; primero nos mató el derroche, luego el crédito desmedido y nos remató el apetito insaciable del caudillo. No nos condenó la derrota del Pacífico, ni nuestra propia postguerra; sino poner la carreta de la renta antes que los caballos de la producción. Hoy la inversión es un peculiar sinónimo (casi totalizador) de democracia. ¿Cuándo se jodió esta moderna palabra? Cuando la hicieron hermana menor de la tecnología. Cuando prima la preocupación mientras los ratios de ganancia no compensan la guardia al político y a su especulación demagógica. El dato geográfico no es fortuito en este episodio forestal; es más atractivo vivificar el suelo en la urbe que hacerlo sin recompensa mediática en lo aldeano, y cuando se hace lejos del ruido urbano, cuesta entender la dimensión histórica del rechazo.
Hemos heredado las formas coloniales de autoridad; hemos institucionalizado el clientelaje en los contratos por el capital. La novela de las licitaciones y sus ilícitas comisiones en el Estado no debieran ser impunes expresiones del oportunismo de turno, pero ya se han convertido en columna de podredumbre moral en un espacio de reglas sin cumplir, enfermas de arbitrariedad. Patente señal de desconfianza.
Fuimos incapaces de crear símbolos integradores en tiempos de división. Todos mestizos pero ninguno semejante. Así, no fallamos en garantizar la continuidad del caciquismo, listo para amansar las fútiles tensiones. La administración se centralizó y desde entonces nos convertimos en afortunados usuarios de la caridad burocrática.
Pero la identidad y semejanza se abolió también del otro lado. Ver obstruido el diálogo entre campesinado e indígenas con la clase política fulminó los restos de una integración que no dejará de ser ilusoria. Ellos, los otros, a quienes nombramos distantes y ajenos hicieron lo que les tocaba. Por eso, alguna vez, comunidades campesinas, en provincias y en la capital, luego de la ocupación chilena declararon no adhesión con el ocupante pero sí desapego con las fuerzas resistentes(5). ¿Había razón para que los explotados se identificaran con los explotadores?
Mientras escribo estas líneas llegan a mi correo comentarios de economistas como Carlos Adrianzén(6) y Daniel Córdova (7) diseñando explicaciones propias de su oficio respecto de los grises resultados de la derogación de los decretos que encendieron la selva peruana pocos días atrás. El primero no titubea en expresar que la esencia del conflicto por el que murieron más de veinte policías y alrededor de una decena de civiles es económico (por la pobreza perpetuada en esa zona al dejar sin efecto tales decretos, es lo que nos deja inferir). Responsabiliza, entre otros factores, de la débil e ineficaz respuesta del Estado frente a esta crisis, a los acuerdos firmados por éste en la OIT, en donde, según sus propias palabras, esta organización mundial y gracias al auspicio de alguna ONG los nativos tienen la potestad de cuestionar la legislación nacional en estos temas.
No es extraño encontrar razones económicas lógicas aunque, infelizmente, excluyentes de otras cuando provienen de la tecnocracia hábil e intuitiva si de implantar o promover negocios a gran escala se trata. Por ello, eso de el meollo del asunto es económico, para muchos que comparten esa visión unívoca, ayuda a simplificar la solución. Pero deviene paradójica la crítica sobre un acuerdo entre el Estado y la OIT que otorga voz a las comunidades indígenas del país(8) .
Si de lo que se trata es de ser fiel a los intereses nacionales sin interferencia de recomendaciones o mandatos multilaterales que puedan arriesgar nuestros propósitos económicos o políticos, abdiquemos entonces a su jurisdicción, pero, en esa congruencia, renunciemos a todos los acuerdos firmados con la comunidad internacional y no pretendamos, con cierto oportunismo, admitir sólo la intervención de algunos como la corte de La Haya o la OMC cuando nos favorezcan –tan necesarios, por cierto, para moderar nuestras relaciones con el exterior– y rechazar a la OIT porque en su seno se refuerza la idea de la consulta a los nativos ante proyectos de inversión como los planteados en esos decretos, asumiendo automáticamente una pérdida con esta condición. Al respecto, sólo queda esperar una propuesta legislativa de Adrianzén para salir de la regulación de la OIT, o, en su defecto, eximirnos del artículo que conmina al Estado a consultar a la población nativa, y así, al obviar este paso, facilitar la imposición de las inversiones sin espacio para el cuestionamiento (sin mencionar su posible rechazo). Por otro lado, observar el trato nominal que se hace desde posturas que defienden, irrestrictamente, el libre mercado, al hablar de alguna ONG que participa del descontento y la objeción sobre estas normas, con inocultable ánimo despectivo y sumido en lo abstracto (muy parecida a la ya apática etiqueta de caviar para nombrar a los defensores de los Derechos Humanos afines a la izquierda) nos recuerda el oprobioso apodo que, desde el opuesto carril ideológico más romo, nos ha reducido a lo neoliberal. Inhibirse de este intercambio de rótulos resultaría pertinente para empezar cualquier diálogo responsable.
La premura en las declaraciones empujadas por esa no siempre atinada efervescencia económica también produce conclusiones irreflexivas que en vez de allanar el terreno para la comprensión, lo revuelve. No ocurre, como dice Adrianzén, que, ahora, ante cualquier frustración esperada en las zonas (de conflicto), se ha aprendido que tomar carreteras y asesinar policías da resultados. Ciertamente, y forzando un mejor análisis, lo ocurrido es que cuando un sector de la población tiene un reclamo, carece de los canales institucionales para tramitarlo(9) (los partidos políticos, inoperantes y mezquinos, no son vehículos representativos de propuesta). Entonces, para mostrarse, primero se recurre a la marcha callejera para ver si los políticos en Lima llegan a enterarse. Como la llanta quemada ya no impresiona a nadie(10) , y menos al Presidente que confía en que la protesta de cincuenta días llegará a doblegarse por simple cansancio, es que posteriormente, se agrava la crisis y ocurre todo lo que Adrianzén menciona, hasta generar esas muertes innecesarias. Pero, después de todo ese círculo de improductiva y nefasta espera.
Córdova converge en los mismos postulados. Probablemente, su singularidad en el esbozo de sus juicios está en la mención que hace de Luis Alberto Sánchez para referir que en términos culturales, y en el ámbito legal el Perú es aún un país adolescente. No es habitual la referencia histórica en los argumentos de la economía contemporánea expuestos en los medios. Algo que, cuando se exhibe con lucidez, se agradece. Pero, aquí, es insuficiente. Si el desarrollo sostenible de la selva, además de la sabia explotación de sus recursos conlleva, también, a reducir el déficit de servicios como el de la educación producto de esa inversión en infraestructura y calidad, por qué, en consecuencia, no se utilizó esa institución informal o cultural como lo es el diálogo y la consulta para propiciar en los nativos simpatía a esta oportunidad de desarrollo. Tal vez no lo advirtió, pero Córdova prescinde de una clara disquisición que Sánchez pinta en su retrato de país adolescente: El choque con el medio exterior trae como consecuencia una exacerbación cuasi frenética del sentimiento de justicia en el joven. Buscan en el partido, en el sindicato, en la calle, algo que la escuela no ha sido capaz de proporcionarle(11) . Un análisis adicional al económico, como observamos, hubiera servido para saber que donde impera la precariedad educativa se debe imponer la paciencia y la persuasión. No el decreto botarate.
El extremismo medra con la débil autoridad y la displicencia del aparato estatal. Ocupa los resquicios que la obsesión antidialogante deja y los aprovecha para expandir su ferocidad. Es cierto, cuando el sistema democrático se defiende aparentará ser el agresor. Y esta larga costumbre de autoculpabilidad (como durante la guerra fría, ante los ataques del comunismo) ha llegado incluso a ser aceptada por la prensa libre y los responsables políticos, que siempre los habrá (por eso son exigibles las cartas de renuncia de los principales involucrados del gabinete ministerial en esta evitable tragedia), salvo en dictaduras. Por eso, derogar o suspender estos decretos no debe significar derrota democrática, al contrario, lo democrático, alimentado del disenso, puede considerar su victoria, aunque suene incoherente, en el empate, porque significará que es capaz de ceder, algo que los fundamentalismos no conciben. Valerse de los fracasos de modelos autócratas, ideológicamente impermeables, es la tarea crucial de la democracia para fortalecerse y volverse eficaz. Y eso no significa luchar con las mismas armas del extremismo, sino observar sus claros éxitos y reveses en la historia económica, política y cultural del país para formar un mejor frente de respuesta.
Esto, indudablemente, funcionará si los técnicos no se forman al margen de la cultura sino dentro de ella(12) . Con una elite bastante inculta, adiestrada para ganar dinero, a la que no se la ha enseñado a gozar de la cultura, sin la pasión por el conocimiento de nuestras complejidades, el camino se hace estrecho y paralizante.
Arequipa, 12 de junio de 2009.
Notas al pie
(1)Humboldt en el Perú, Diario de Alexander Von Humboldt durante su permanencia en el Perú. Piura: CIPCA, 1991.
(2)Zea, Leopoldo. Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica. Colegio de México, 1949.
(3)Cotler, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Tercera edición. 2005. Lima. Pág. 18.
(4)Escolares de Ayacucho acusaron a su directora de calificarlas de terroristas. Una de las razones de la acusación fue porque en clases leen libros como “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, de José Carlos Mariátegui. El Comercio, 27/05/09.
(5)Pueblos enteros declararon su “neutralidad” en el conflicto a fin de eludir el pago de las contribuciones forzosas que exigían los chilenos. (6)Ibídem. Pág. 125.
(7)Adrianzén, Carlos. Hablemos claro. El Comercio 11/06/09.
Córdova, Daniel. Bagua, AFP y debilidad institucional. Gestión 11/06/09.
(8)El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT exige consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
(9)Álvarez Rodrich, Augusto. Se cayó el sistema. La República, 11/06/2009.
(10)Ibídem.
(11)Sánchez, Luis Alberto. El Perú: Retrato de un país adolescente. Biblioteca Peruana. Tercera edición. 1973. Pág. 196. Lima.
(12)Ibídem. Pág. 210.
Sieteesquinas.com:Yo (el que postea este texto) como tres esquinas y media había decidido no hablar más del tema, pero esta colaboración debe ser posteada, por el hecho de ser eso mismo…Sin embargo veremos la acogida del tema por medio de comentarios para ver si amerita algún artículo , si deseas manda tu punto de vista a nuestro correo en sección contactos (En la barra superior de la página peee).
